Cárcel de Villavicencio tiene más casos de COVID-19 que todo Nariño

De los 100 casos positivos por coronavirus confirmados hasta este miércoles en Meta, la mayoría se han presentado en la cárcel de Villavicencio, donde hay más infectados que en todo Nariño (62) y que en la mitad de departamentos del país.

El gobernador Juan Guillermo Zuluaga confirmó el miércoles 40 nuevos contagios en esa prisión. Ya son 69 casos, entre los que se cuentan dos fallecimientos de personas privadas de la libertad, más un adulto mayor que salió libre el 1.° de abril y murió cinco días después.

Así, la cárcel de Villavicencio, en el corazón de la capital del Meta, es el epicentro del coronavirus en las prisiones del país. Allí se da el brote más importante de la enfermedad y, de hecho, el origen de los casos que se han presentado en otros establecimientos penitenciarios.

Este miércoles se confirmó el contagio en la cárcel de Guaduas, Cundinamarca, de una persona que fue trasladada desde Villavicencio. Lo mismo ocurrió con los dos casos positivos en La Picota, de Bogotá, y Las Heliconias, en Florencia, Caquetá. Todos estos casos suman 73 contagios en cárceles, o 74 si se cuenta el primero, fallecido en libertad.

Los nuevos contagios en Villavicencio tienen un ingrediente adicional preocupante. Allí hay tres pabellones: el Santander, el Colombia y el antiguo pabellón de mujeres.

Hasta este miércoles, todos los casos confirmados estaban en el Colombia y el Inpec había informado que las medidas sanitarias se habían reforzado allí. Pero los nuevos eventos se dieron en el pabellón Santander, con lo cual toda la cárcel queda expuesta, pues el tercer pabellón es donde están aislados los contagiados.

Además, el personal de salud a cargo está compuesto solo de un médico, una enfermera jefe y dos enfermeras auxiliares, para una población carcelaria de 1.782 personas que viven hacinadas en unas instalaciones diseñadas para 899.

La situación de la cárcel, incluso, plantea una dificultad para los internos que tengan derecho a prisión domiciliaria, en virtud del decreto 546 del Gobierno Nacional, pues toda la cárcel está en cuarentena. Por eso, quienes resulten beneficiados tendrían que tener protocolos especiales.

Las investigaciones de los sucesos del 21 de marzo aun están en curso.

Ramírez agrega que desde la dirección del Inpec les negaron recibir refuerzos y que la situación que viven los ha golpeado emocionalmente.

En comunicados, los representantes de derechos humanos de los patios manifiestan su descontento con el decreto de excarcelación, piden que esta sea masiva, y poder hablar con el Gobierno.

Entre tanto, en Villavicencio, el alcalde Felipe Harman y el gobernador Zuluaga pidieron al Gobierno Nacional tomar medidas, como pruebas rápidas, para conocer la dimensión real de la enfermedad y tomar decisiones.

El Ministerio de Justicia aseguró que el decreto de excarcelaciones es paralelo a otras medidas que están tomando para la salud y seguridad de los detenidos. También informó que el Ministerio de Hacienda autorizó 25.000 millones para evitar el contagio en las prisiones.

EL TIEMPO conoció que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) ha reforzado convenios con IPS en Bogotá, Florencia y Villavicencio, y practicará pruebas cuyos resultados salgan en 48 horas. Además, espera una adición presupuestal de $ 60.000 millones para la emergencia.

Decreto de excarcelaciones se ejecutará en tres fases

Una semana después de que el Ministerio de Justicia publicó el decreto 546 para enviar a casa por cárcel a unos 4.000 internos, ninguno de los presos ha salido por ahora de las prisiones.

Fuentes del Inpec informaron que la entrega a los jueces de los listados que contienen los nombres de los beneficiarios se planteó en tres fases.

Se espera que al final de esta semana estén en manos de los juzgados las solicitudes de la primera fase, que serían más o menos unas 1.000 personas.

En esta primera fase, según explicó el Inpec, se priorizará la situación de adultos mayores, madres gestantes y lactantes, así como la de pacientes con enfermedades graves.

En una segunda fase serán beneficiados quienes están próximos a cumplir la libertad o estaban gozando de beneficios administrativos. Y en la tercera fase irá el resto de las personas que puedan recibir la detención domiciliaria.