Era natural que contagios masivos en las cárceles ocurrieran: Ministra

En entrevista, Ministra de Justicia explica cómo está enfrentando crisis carcelaria por la pandemia.

En momentos en que las cárceles del país suman casi 1.000 contagios de covid-19, la Ministra de Justicia, Margarita Cabello, habló con EL TIEMPO sobre las medidas que han tomado y aseguró que, aunque las cifras son altas, el hecho de que solo en 7 de los 132 centros penitenciarios se hayan dado contagios de coronavirus muestra que las acciones de contención han funcionado.

Además, habla de cómo van las excarcelaciones por el decreto del gobierno y en qué van los análisis para, eventualmente, expedir una norma que permita la salida de más detenidos.

Tenemos 132 centros penitenciarios y de esos 6 tienen contagios (en la Picota, la séptima cárcel con covid-19, ya están recuperados). Villavicencio fue nuestro primer dolor de cabeza y ahora quizás tengamos un contagio masivo en Leticia. En el resto de centros, en realidad, las medidas iniciales han funcionado, pues donde hay casos estos son pocos y están controlados. Y en la mayoría de centros no hay contagios.

Lógicamente, cuando empieza el contagio, por la situación estructural tan antigua y tan problemática que tenemos de crisis penitenciaria, tenemos que tomar unas medidas distintas, de contención y prevención. Gracias a Dios todos son asintomáticos en este momento. Tuvimos el primer contagio en Villavicencio, que fue un enfermo mayor de 60 años con enfermedades catastróficas. A pesar de que hicimos el confinamiento de 14 días, es lógico que en un hacinamiento el contagio se propaga. Nuestra lucha en el resto de cárceles es evitar que el contagio se masifique. Creo que en otras cárceles con contagios masivos, que se presentarán a futuro, se aplicarán medidas dependiendo de la conformación de cada cárcel, siguiendo la ruta aprendida. Reitero que la orden de prohibición de visitas y otras tomadas a tiempo, han servido mucho. Era natural que en algún momento los contagios masivos ocurrieran y estamos preparándonos para casos que se repitan en otros establecimientos.

Ya en Villavicencio y en Leticia vamos en medidas de contención distintas. En Villavicencio hicimos una carpa para atender a esos asintomáticos y estar pendientes por si hay algún síntoma de alerta. En Leticia la Uspec ordenó al Fondo de Salud que aumentara los médicos y enfermeras rápidamente para que no ocurriera lo de Villavicencio. Que se aumentara los elementos de bioseguridad y medicamentos, así como elementos para evitar mayor propagación. Cuando ya hay contagio masivo, lo que hay que hacer es tomar medidas de contención, estar pendientes de todos los asintomáticos, y si hay unos que ya tengan síntomas, esos sí aislarlos. A los que den resultados negativos, debemos tenerlos a un lado.

Lastimosamente esos negativos van a ser pocos por el hacinamiento que existe y la clase de personal privado de la libertad que tenemos, pues hay muchas riñas, conflictos, sitios pequeños en donde se van a encontrar unos con otros. La medida tiene que ser aislar a los negativos y aumentar médicos y medicamentos, mirar sus síntomas, y cuando encontremos algunos con síntomas, aislarlos y atenderlos rápidamente para evitar que tengan que pasar a la hospitalización.

El tema es de los médicos que no son de planta, si no por contrato. La reclamación es que en ese tipo de médicos se supone que ellos deben tener sus propios equipos de bioseguridad. Cuando se enteró la Uspec, nos informó y le dio la orden al Fondo de Salud que no les exigiera que llevaran sus equipos sino que el fondo de protección se los entregara, y así se está haciendo. Era un tema laboral, pero no se puede poner uno en estos momentos de crisis de salud a discutir quién debe darles los equipos.

Ocurre lo mismo en las bodegas, donde si bien en la entrada de cada local hay gel y rociador de alcohol, por el afán de las jornadas se pueden ver trabajadores con el tapabocas puesto a medias o incluso varios a quienes les molesta y deciden quitárselo. Del otro lado de la moneda están quienes implementaron todos los protocolos y trabajan incluso con elementos más avanzados, como trajes y pantallas plásticas para la cara. Pero son excepciones: en una bodega como la número 13, primer punto de contagio en la central, de 24 locales, en dos se incumplen las medidas y en otros dos se sobreprotegen.

En Villavicencio ocurrió algo que hay que decirlo. Son dos pabellones más el pabellón de mujeres, que se estaba arreglando para trasladar allá a las personas vulnerables. Por conflicto de patios, pleitos de motines, se revolvieron unos con otros. Eso originó que el contagio se propagara más y entonces el aislamiento tuvo que tomarse de forma distinta. Al pabellón de mujeres, que caben unas 100 personas, se trasladó a aquellas personas con enfermedades graves, que es lo que más nos preocupa.

Y se está tratando de ver cómo se hace el aislamiento en ese centro penitenciario en donde ya hay 800 y pico de contagios, más de la mitad de los detenidos Por eso es que a los que den negativo, que son menos, tendremos que aislarlos. Y el resto estar pendientes de que no tengan síntomas y si los tienen, atenderlos a tiempo.

No creo que esto sea de buscar culpas. Ante una situación de crisis, independientemente de las problemáticas adicionales al hacinamiento, los muchos grupos criminales que hay, conflictos entre los presos, etcétera, lo que hay que hacer es protegerlos y evitar al máximo que los asintomáticos lleguen a tener síntomas. Tantas circunstancias originan estas situaciones de contagios que buscar culpas no me parece adecuado. Prefiero buscar soluciones. Son 120.000 privados de la libertad, de esos tenemos alrededor de más de 900 contagiados asintomáticos y dos fallecidos. Esto en proporciones es un resultado favorable a pesar de todo el dolor que nos da lo ocurrido en Villavicencio. No podemos decir que hay un 100 % de satisfacción en los 132 centros penitenciarios. Sería irreal. Pero se está haciendo lo que más podemos dentro de las capacidades económicas y estructurales que tenemos y dentro de la situación de crisis que ya venía de atrás. No está la satisfacción que necesitaríamos entregarle a esas personas privadas de la libertad, que son seres humanos con derechos como cualquiera de nosotros.

“Son 120 mil presos y  de esos tenemos poco más de 900 contagiados asintomáticos y dos fallecidos. En proporciones es un resultado favorable pese al dolor por lo ocurrido en Villavicencio”

¿Cómo va el plan para ampliar las cárceles?

La orden que se dio desde el Ministerio es que no podíamos detener el plan de emergencia de construcción de cupos en el país, eso sigue. Ya se autorizó que los trabajadores de construcción pudieran volver. Yo aspiro que a final de año las contrataciones de unidades modulares estén listas. Aspiro que en unos meses esté completa la dotación de Girón e Ipiales, para que podamos entregarlos. El contrato de San Ángel, en el Magdalena, para 1.500 personas, sigue. La apertura de la licitación para Riohacha debe seguir. Y en Pereira, que tenemos un proyecto para 1.500 personas, debe iniciar el trabajo de construcción. La crisis nos ha ayudado a reforzar lo que no se había logrado en 10 años de reclamaciones, a reforzar todas las plantas de tratamiento de los 132 centros, todos los lugares de sanidad y preparación de comida. Por la emergencia ordenamos eso y buscamos recursos para hacerlo. En ese sentido la crisis ha traído también cosas buenas: en eso yo estoy presionando con la Uspec para que rápido saquen las contrataciones y se hagan las mejoras.

Tras un mes del decreto de excarcelación han salido poco más de 500 personas…

Según me informan, se han enviado más o menos 5.500 solicitudes. De esas hay alrededor de 566 concedidas y por lo menos unas mil negadas. Esto nos lleva a analizar dos situaciones: una, que la operatividad no es fácil, a pesar de que el decreto entregó agilidad, lo que origina un poco de demora en el análisis de los casos. Y la segunda, es que la información que tiene el Inpec no es completa, lógicamente. Cuando al Inpec le envían un condenado le dicen una información básica, pero el expediente tiene mucha más información, como si una persona tiene otro delito por el cual no podría salir. Ese análisis lo hace el juez. Esto hace que vaya un número de solicitudes negadas, y hace también que sea lento el proceso. Esto era un experimento inicial, y como experimento estamos viendo los resultados. En un mes yo creo que los jueces ya habrán cogido la experiencia y les será mucho más fácil avanzar rápidamente.

Desde el Ministerio comentaron que estaban estudiando un segundo decreto que flexibilizara las excarcelaciones, ¿cómo va esto?

Estamos analizando esa posibilidad, mirando la operatividad de este primer decreto. Recordemos que el país tiene en su totalidad, contando magistrados y jueces, 5.500 funcionarios. Los jueces de ejecución de penas son muy pocos. Bajo esa perspectiva tenemos que hacer análisis reales. A mí me gustaría, más adelante, un decreto un poco más amplio y que ayude. Pero tenemos que ponderar la situación presupuestal del país, la priorización de recursos para la salud, esto frente a la rapidez con que se pueden resolver estas medidas. Estamos analizando para tener todos estos elementos para luego entrar de lleno a la determinación del segundo decreto. También estamos evaluado la situación de los sindicados, y cuántos podrían ser beneficiados con un segundo decreto. En eso estamos avanzando mucho para tener el análisis y tomar la decisión en cualquier momento.

¿Cuántos más podrían salir?

Prefiero no dar cifras pero sí queremos que sea un número alto.

¿Qué impacto tendrán esas medidas sobre el hacinamiento?

Hay una serie de elementos que ayudan a solucionar un poco el hacinamiento. No vamos a tener centros penitenciarios tranquilos en su totalidad. También ayuda un poco que las medidas de libertad y domiciliarias ordinarias siguen produciéndose, siguen saliendo personas por ello. Más las 500 y pico que han salido con el decreto. Sumadas esas medidas, podemos hablar de que salen algunos mil por mes. Pero paralelamente ha disminuido la comisión de delitos, entonces han disminuido las capturas y los ingresos a las URI. Esas dos ponderaciones pueden ayudar a que baje un poco el hacinamiento, o que por lo menos no siga creciendo de la forma exponencial en que lo estaba haciendo.

Pero sigo insistiendo también en las medidas en los planes de desarrollo de las alcaldías para que también ellos vayan asumiendo la necesidad de crear centros penitenciarios distritales y llevar hacia allí a los sindicados, que son unos 33.000. Si nosotros solo tuviéramos a los condenados, que son nuestra responsabilidad, no estaríamos sufriendo por hacinamiento. Pero tenemos ese número de sindicados que si de alguna manera los reubicaN en los centros penitenciarios de los entes territoriales, más las medidas de excarcelación, más el bajo índice de detención preventiva, podríamos lograr hacia el año entrante un mejor número de personas privadas de la libertad en las cárceles, y eso ayuda a que todos los programas produzcan mejores resultados. Si le agregamos a eso los nuevos cupos que estamos construyendo, podríamos ir por buen camino a mediano o largo plazo.

Desde el Ministerio comentaron que estaban estudiando un segundo decreto que flexibilizara las excarcelaciones, ¿cómo va esto?

Estamos analizando esa posibilidad, mirando la operatividad de este primer decreto. Recordemos que el país tiene en su totalidad, contando magistrados y jueces, 5.500 funcionarios. Los jueces de ejecución de penas son muy pocos. Bajo esa perspectiva tenemos que hacer análisis reales. A mí me gustaría, más adelante, un decreto un poco más amplio y que ayude. Pero tenemos que ponderar la situación presupuestal del país, la priorización de recursos para la salud, esto frente a la rapidez con que se pueden resolver estas medidas. Estamos analizando para tener todos estos elementos para luego entrar de lleno a la determinación del segundo decreto. También estamos evaluado la situación de los sindicados, y cuántos podrían ser beneficiados con un segundo decreto. En eso estamos avanzando mucho para tener el análisis y tomar la decisión en cualquier momento.

¿Cuántos más podrían salir?

Prefiero no dar cifras pero sí queremos que sea un número alto.

¿Qué impacto tendrán esas medidas sobre el hacinamiento?

Hay una serie de elementos que ayudan a solucionar un poco el hacinamiento. No vamos a tener centros penitenciarios tranquilos en su totalidad. También ayuda un poco que las medidas de libertad y domiciliarias ordinarias siguen produciéndose, siguen saliendo personas por ello. Más las 500 y pico que han salido con el decreto. Sumadas esas medidas, podemos hablar de que salen algunos mil por mes. Pero paralelamente ha disminuido la comisión de delitos, entonces han disminuido las capturas y los ingresos a las URI. Esas dos ponderaciones pueden ayudar a que baje un poco el hacinamiento, o que por lo menos no siga creciendo de la forma exponencial en que lo estaba haciendo.

Pero sigo insistiendo también en las medidas en los planes de desarrollo de las alcaldías para que también ellos vayan asumiendo la necesidad de crear centros penitenciarios distritales y llevar hacia allí a los sindicados, que son unos 33.000. Si nosotros solo tuviéramos a los condenados, que son nuestra responsabilidad, no estaríamos sufriendo por hacinamiento. Pero tenemos ese número de sindicados que si de alguna manera los reubicaN en los centros penitenciarios de los entes territoriales, más las medidas de excarcelación, más el bajo índice de detención preventiva, podríamos lograr hacia el año entrante un mejor número de personas privadas de la libertad en las cárceles, y eso ayuda a que todos los programas produzcan mejores resultados. Si le agregamos a eso los nuevos cupos que estamos construyendo, podríamos ir por buen camino a mediano o largo plazo.

¿Qué pasará cuando se cumplan los 6 meses iniciales de la excarcelación para los que tieen detención domiciliaria?

La medida es inicialmente por 6 meses y en caso de que los problemas de covid continúen, se prorrogaría un poco más. Esto originaría un análisis de política criminal, estudiando cómo nos va con este proceso para determinar algún tipo de proyecto en donde se amplíen un poco las medidas. En segundo lugar, en estos 6 meses o un año, dependiendo de cómo siga la pandemia, muchas de estas personas ya tendrían derecho a esos beneficios.

La Uspec instruyó  a consorcio para entregar elementos de protección

Desde la Unidad de Servicios Penitenciarios (Uspec), encargada de administrar los recursos para el manejo de las cárceles, le dijeron a EL TIEMPO que desde que se declaró la pandemia se instruyó al Consorcio Fondo de Atención en Salud de los presos que abasteciera los insumos de seguridad. En Villavicencio, donde hoy se registra el 90 % de contagios, con corte al 11 de mayo, la Uspec aseguró que ha entregado 1.325 litros de jabón y gel, 180 batas antifluido, 400 guantes, 23 mascarillas faciales N95, 6.000 tapabocas, 200 trajes de bioprotección, entre otros.

También dijo que hizo los requerimientos para que el consorcio contratara con el hospital de Villavicencio a fin de tener a tres médicos adicionales en las cárceles y a tres profesionales de la enfermería, para cubrir el centro penitenciario las 24 horas.

Según la Uspec, aunque la respuesta que tuvieron en Villavicencio cuando se dio el primer caso fue suficiente, el hacinamiento de este centro (del 92 %) llevó a que el virus se propagara rápidamente.

También dice que el hecho de que algunos presos se negaran al aislamiento, a no prestarse elementos personales y a no acatar las normas de autocuidado dificultó el trabajo para prevenir la covid-19.

Desde el Ministerio de Justicia respondieron que las medidas van en varias vías: en materia de salud se ha buscado la limpieza, bioseguridad y el aislamiento de asintomáticos y de quienes tienen resultados negativos, así como reforzar el personal médico en cárceles. En tecnología se buscó la comunicación de los detenidos con su familia, así como las audiencias virtuales. En alimentación se está supervisando su calidad frente a los contratistas, y en infraestructura se están mejorando los problemas de agua y reparando los daños ocasionados por los motines.

Fuente: El Tiempo

MARÍA ISABEL ORTIZ F.
Periodista de Justicia